La Corte Suprema dejó sin efecto decisiones que habían restringido la gratuidad judicial reconocida a asociaciones de consumidores. El criterio busca evitar barreras económicas indebidas en acciones colectivas.
Las decisiones de octubre de 2026
El 14 de octubre, la Corte resolvió recursos vinculados con reclamos colectivos promovidos por asociaciones de consumidores. En uno, ACYMA había pedido beneficio de litigar sin gastos en una causa contra una mayorista de turismo; en otro, Unión de Usuarios y Consumidores discutía costas de una causa contra ENARGAS y otros.
Los tribunales inferiores habían adoptado criterios desfavorables respecto de la gratuidad o distribución de costas. La Corte revisó esos aspectos procesales y remitió actuaciones para nuevas decisiones en el alcance indicado.
Qué prevé la Ley de Defensa del Consumidor
Los artículos 53 y 55 de la Ley 24.240 regulan la justicia gratuita en procesos de consumo y acciones de asociaciones legitimadas. La Corte sostuvo que exigir a estas organizaciones demostrar pobreza para aplicar la tutela legal desconoce la finalidad de la norma.
El beneficio cumple una función de acceso efectivo a justicia: la posibilidad de demandar por intereses colectivos no debe tornarse ilusoria por la exposición económica que la ley quiso limitar.
¿Qué resolvió la Corte en el caso de ACYMA?
La Corte hizo lugar a la queja y dejó sin efecto el rechazo del beneficio basado en que la asociación no había probado insuficiencia económica. Indicó que la interpretación conjunta de los preceptos de consumo permite reconocer la protección sin exigir esa prueba de pobreza.
El proceso vuelve al órgano correspondiente para pronunciamiento con arreglo al criterio. La Corte no resolvió por eso que la demanda colectiva sobre todos sus reclamos de fondo fuera procedente.
Qué pasó en Unión de Usuarios y Consumidores
En la causa vinculada con ENARGAS, la Corte admitió parcialmente la queja y dejó sin efecto lo relativo a la distribución de costas. Los demás agravios recibieron una respuesta procesal distinta, sin reconocimiento automático de la pretensión sustancial.
Es fundamental separar legitimación, mérito de la demanda y costas: el beneficio de gratuidad no anticipa un triunfo judicial ni determina la responsabilidad del proveedor cuestionado.
¿Qué implica para los consumidores individuales?
El régimen de consumo también brinda protección de acceso a justicia al consumidor individual, aunque su alcance y operatividad pueden plantear cuestiones procesales específicas. No debe trasladarse sin más lo decidido sobre asociaciones a cualquier procedimiento de distinta naturaleza.
La necesidad de reclamar con prueba suficiente subsiste. La gratuidad se relaciona con costos y barreras de acceso, no convierte una demanda infundada en una pretensión jurídicamente procedente.
Qué puede hacerse y qué no puede afirmarse
Una asociación habilitada puede invocar la protección legal al promover acciones colectivas, mientras las empresas demandadas tienen derecho a defenderse y discutir la legitimación o el fondo según corresponda.
No puede afirmarse que todos los juicios civiles sean gratuitos ni que las asociaciones obtengan siempre una condena favorable. La relevancia del precedente reside en la interpretación de un régimen especial de consumo y en la garantía de acceso a justicia.
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El presente artículo tiene finalidad exclusivamente informativa y no constituye asesoramiento jurídico particular. La aplicación de la normativa y de los criterios expuestos requiere el análisis individualizado de los hechos, la documentación, los antecedentes y las circunstancias concretas del caso, así como de la legislación vigente.
Autos: «ACYMA Asociación Civil c/ Free Way S.R.L. y otros», queja. Expte. COM 009984/2015/1/RH001; y «Unión de Usuarios y Consumidores c/ ENARGAS y otros s/ proceso de conocimiento», queja, expte. CAF 005717/2008/2/RH001. Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sentencias del 14/10/2026.