La denuncia del entrenador Pedro Troglio por dos unidades inmobiliarias que, según su presentación, nunca le entregaron volvió a poner el foco sobre una de las inversiones más habituales en la Argentina: comprar departamentos en construcción. Un fideicomiso puede ser una herramienta útil, pero no elimina los riesgos ni los derechos de quienes aportaron su dinero.
¿Qué ocurrió en el caso que involucra a Pedro Troglio?
Según la cobertura periodística difundida el 22 de octubre de 2026, Troglio y su pareja habían comprometido aproximadamente USD 157.000 en dos proyectos inmobiliarios de La Plata asociados a una desarrolladora. Los aportes respondían a contratos de fideicomiso y contemplaban unidades que debían construirse y entregarse. La denuncia refiere retrasos, falta de entrega y la sospecha de utilización de fondos de distintos emprendimientos para fines ajenos a los pactados.
La fiscalía investiga la administración de los aportes y las responsabilidades individuales. La existencia de una denuncia, citaciones o medidas de investigación no equivale a una condena, ni permite anticipar el resultado del proceso penal.
¿Qué significa ingresar a un fideicomiso inmobiliario?
El fideicomiso se regula en los artículos 1666 y siguientes del Código Civil y Comercial. Quien aporta fondos debe conocer quién es el fiduciario, qué bienes integran el patrimonio fideicomitido, cuál es el destino del dinero, qué unidad recibirá y qué condiciones o contingencias afectan la construcción.
La separación patrimonial propia del fideicomiso protege ciertos intereses, pero no garantiza por sí sola que el edificio se concluya. La obligación del fiduciario de actuar con prudencia y diligencia y de rendir cuentas debe examinarse junto con el contrato y los compromisos asumidos por desarrolladores, constructores y comercializadores.
¿Se puede exigir la entrega del departamento o recuperar los dólares?
Según la situación del proyecto, el contrato, la mora y la solvencia de los responsables, cabe analizar la exigencia de cumplimiento, la resolución contractual, la restitución de aportes y la indemnización de daños. Pueden ser necesarias medidas cautelares para proteger bienes o documentación, pero requieren acreditar sus presupuestos.
Si se abrió un concurso o una quiebra, es indispensable verificar qué sujeto está sometido al proceso, qué patrimonio integra la masa y cómo presentar o verificar el crédito. No debe confundirse la deuda de una desarrolladora con obligaciones personales del fiduciario sin examinar el régimen de responsabilidad.
¿Cuándo un incumplimiento inmobiliario también puede ser delito?
Un atraso o una obra paralizada no constituyen automáticamente estafa. Para analizar una eventual defraudación debe investigarse si existió engaño penalmente relevante, administración infiel u otra conducta típica, con sus elementos objetivos y subjetivos.
La denuncia penal y el reclamo patrimonial pueden presentar objetivos diferentes: investigar delitos y obtener la recuperación económica. La coordinación procesal debe realizarse caso por caso, preservando contratos, comprobantes, comunicaciones, folletos y documentación bancaria.
¿Cómo protegerse antes de invertir en un pozo?
Antes de aportar fondos conviene revisar la titularidad del terreno, el contrato de fideicomiso, la identificación del fiduciario, los permisos de obra, el cronograma, las garantías, el esquema de rendición de cuentas y el destino de las transferencias. Si el dinero se pide a una cuenta de un tercero, esa diferencia exige especial explicación documental.
La promesa de una renta durante la construcción también debe distinguirse de una garantía efectiva de entrega. El plazo de cualquier reclamo y la competencia judicial dependen del tipo de contrato, el domicilio de las partes y las circunstancias del incumplimiento.
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El presente artículo tiene finalidad exclusivamente informativa y no constituye asesoramiento jurídico particular. La aplicación de la normativa exige analizar detalladamente los hechos, la documentación, la jurisdicción y las circunstancias de cada caso, así como la legislación vigente.
Fuentes: TN, 22/10/2026.