Una Cámara Civil de Río Negro extendió la responsabilidad de una estafa por duplicación de tarjeta SIM al banco que permitió operaciones sospechosas. La decisión destaca los deberes de seguridad de distintos proveedores.
Cómo funcionó el fraude
Según la comunicación oficial del 15 de octubre de 2026, una usuaria perdió el control de su línea móvil cuando terceros activaron fraudulentamente otra tarjeta SIM a gran distancia de donde se utilizaba el teléfono.
Con el número y los códigos recibidos, los delincuentes ingresaron a su cuenta del Banco Credicoop, añadieron un destinatario y realizaron transferencias por un total histórico de $282.600. La demanda se dirigió contra la telefónica y el banco por fallas de seguridad en ambos tramos.
Qué decidió la Cámara
En primera instancia se había condenado a la empresa telefónica y liberado al banco. La Cámara de Apelaciones en lo Civil de Viedma consideró que la entidad financiera también incumplió sus obligaciones: la cuenta receptora era ajena al historial y se realizaron transferencias inusuales sin controles adicionales suficientes.
La Cámara estableció responsabilidad solidaria y elevó el daño punitivo a una suma equivalente a diez canastas básicas totales de hogar tipo 3, con parámetros del INDEC al momento del pago. También mantuvo rubros de daño material y moral señalados en el fallo.
La falla de una empresa no exime automáticamente a la otra
La telefónica debe observar medidas apropiadas para validar identidades y evitar sustituciones fraudulentas de líneas; la entidad financiera debe gestionar riesgos de autenticación y transferencias inusuales. El caso examinó fallas concurrentes que posibilitaron un perjuicio único.
Que un delincuente haya tomado control del número no elimina por sí solo el deber bancario de seguridad. Pero tampoco significa que el banco sea responsable automáticamente de cualquier fraude: cada sistema y operación exige prueba.
Qué leyes y principios resultan relevantes
La relación puede quedar comprendida en la Ley 24.240, los deberes de seguridad de los proveedores, responsabilidad civil y normas regulatorias bancarias. El daño punitivo del artículo 52 bis exige valorar la conducta empresarial conforme a sus presupuestos.
Los importes del fallo no constituyen una tarifa. La cuantía depende de la prueba, actualización, intereses, consecuencias sufridas y criterio judicial del caso.
Qué hacer ante una clonación de SIM o una transferencia desconocida
Es recomendable bloquear de inmediato la línea y los canales financieros comprometidos, realizar reclamos documentados, preservar correos de activación, movimientos, números de gestión y comunicaciones, y denunciar el fraude ante la autoridad correspondiente.
Si hubo un préstamo o transferencias no autorizadas, deben analizarse sus comprobantes y pedir investigación de accesos, dispositivos y controles aplicados. Una pericia informática puede ser relevante, junto con registros de la telefonía y del banco.
Qué puede reclamar la víctima y qué no
Con prueba suficiente puede solicitarse restitución, reparación de daños e incluso sanción punitiva en casos que cumplan sus requisitos. La responsabilidad dependerá de fallas de seguridad y de los elementos constitutivos de la relación de consumo.
No es correcto prometer que cada phishing, enlace falso o código compartido generará idéntica condena. Este precedente muestra la importancia de verificar si el banco detectó señales anómalas y qué controles eran exigibles al proveedor telefónico.
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El presente artículo tiene finalidad exclusivamente informativa y no constituye asesoramiento jurídico particular. La aplicación de la normativa y de los criterios expuestos requiere el análisis individualizado de los hechos, la documentación, los antecedentes y las circunstancias concretas del caso, así como de la legislación vigente.
Autos y expte.: no informados en la comunicación oficial. Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil de Viedma, Río Negro. Fecha de sentencia: no difundida; publicación judicial del 15/10/2026.