Una docente de Mendoza denunció que imágenes íntimas de su cuenta personal circularon por WhatsApp entre estudiantes. ¿Dejar una sesión abierta significa autorizar a otros a usar sus archivos?
Qué se investiga en Mendoza
Una publicación de Infobae del 17 de octubre informó que la Justicia investiga la difusión de fotografías y un video privados de una docente de una escuela técnica de San Martín. Según la reconstrucción inicial, su cuenta de correo habría quedado abierta en un equipo escolar y un estudiante habría accedido al contenido.
La investigación intenta determinar quién obtuvo los archivos, quién los difundió y cómo circularon entre grupos. No corresponde presentar como hechos acreditados las hipótesis de participación individual.
Una cuenta abierta no equivale a consentimiento
Los artículos 51, 52 y 53 del Código Civil y Comercial protegen dignidad, intimidad y propia imagen. Que alguien pueda técnicamente abrir una carpeta no lo autoriza a copiar, exhibir o circular material íntimo.
La protección no depende de que las imágenes hayan sido tomadas en un lugar público o privado exclusivamente; importa la naturaleza del contenido, la voluntad de la persona y las excepciones legales. La conducta también puede involucrar derechos vinculados con comunicaciones y datos personales.
Qué puede reclamarse contra quien difundió contenido
Si se identifica a las personas responsables y se acreditan las circunstancias, pueden solicitarse medidas para detener la difusión y una reparación por daños patrimoniales o extrapatrimoniales. La cuantía no está predeterminada y depende de las consecuencias demostradas.
La Ley 27.736 contempla situaciones de violencia digital en el marco de protección contra la violencia hacia las mujeres. La existencia de un delito deberá analizarse separadamente conforme a los tipos penales aplicables; no toda filtración tiene necesariamente la misma calificación penal.
Responsabilidad de la escuela: hay que distinguir obligaciones
No resulta correcto sostener que el establecimiento responde automáticamente por cualquier acceso de un estudiante a cuentas ajenas. Es necesario examinar cuándo ocurrieron los hechos, quién tenía el control del equipo y si existieron incumplimientos relevantes de seguridad y supervisión.
También pueden considerarse el deber de protección de la trabajadora, los procedimientos internos y las acciones tomadas después de recibir la denuncia. Las obligaciones laborales, educativas y civiles tienen fuentes y requisitos distintos.
Preservar prueba sin multiplicar la exposición
Es útil conservar enlaces, conversaciones, fechas, identificadores y comunicaciones institucionales, sin reenviar archivos íntimos como método de prueba. Puede solicitarse la intervención de profesionales y autoridades para su resguardo adecuado.
Quien recibe un contenido íntimo ajeno no debería compartirlo, incluso si desea condenar el hecho. Difundirlo amplifica el daño. Deben priorizarse el cese de circulación y la protección de la persona afectada.
Qué permite hacer la ley y qué no
La persona afectada puede recurrir a medidas preventivas, denuncias y acciones indemnizatorias bajo los presupuestos legales. No puede afirmarse que la existencia de una cuenta abierta implique renuncia al derecho a la intimidad.
Tampoco puede atribuirse culpa por el solo relato periodístico, ni reclamar montos preestablecidos. El análisis de la responsabilidad exige determinar conductas, daños, autoría, vínculo causal y legislación aplicable.
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El presente artículo tiene finalidad exclusivamente informativa y no constituye asesoramiento jurídico particular. La aplicación de la normativa y de los criterios expuestos requiere el análisis individualizado de los hechos, la documentación, los antecedentes y las circunstancias concretas del caso, así como de la legislación vigente.
Fuentes: Infobae, 17/10/2026 · Mirador Provincial, 18/10/2026