Alumnas de Villa Bosch denunciaron que compañeros manipularon sus fotografías con inteligencia artificial y las utilizaron para hostigarlas. La protección legal no desaparece porque las escenas sean falsas.
Qué se denunció en Villa Bosch
El 16 de octubre de 2026 se difundieron testimonios de estudiantes del Instituto Pío XII Leonardo Murialdo y de sus familiares. Según sus denuncias, fotografías reales habrían sido alteradas para producir imágenes sexualizadas falsas, algunas compartidas o comercializadas, acompañadas de amenazas.
Las familias cuestionaron la respuesta escolar y relataron temor de asistir a clase. Se trata de hechos denunciados: la participación individual, el alcance de cada difusión y las responsabilidades institucionales deben determinarse con prueba y procedimientos adecuados.
Aunque la imagen sea falsa, los derechos son reales
Los artículos 51, 52 y 53 del Código Civil y Comercial protegen dignidad, intimidad y propia imagen. Crear o difundir una representación sexual falsa de alguien identificable puede afectar esos derechos sin que el hecho representado haya ocurrido.
Cuando hay niñas y adolescentes, la Ley 26.061 añade protección reforzada. La Ley 27.736 incorporó la violencia digital al marco de protección integral contra la violencia hacia las mujeres. Las normas civiles permiten pedir prevención y cese del daño; las figuras penales requieren examinar el contenido y las conductas concretas.
¿Cuándo responden los padres del adolescente?
El artículo 1754 del Código Civil y Comercial regula la responsabilidad de los progenitores por daños de sus hijos menores bajo las condiciones que describe la norma, y el artículo 1755 trata sus características y excepciones.
No es correcto afirmar que los padres siempre indemnizan cualquier publicación de sus hijos: pueden influir convivencia, ejercicio de la responsabilidad parental, ámbito de vigilancia y otras circunstancias. Debe identificarse quién produjo, difundió o amenazó y qué daño se causó.
¿Qué responsabilidad puede tener el colegio?
El artículo 1767 prevé un régimen de responsabilidad del titular del establecimiento educativo por daños causados o sufridos por alumnos menores cuando se encuentren o deban encontrarse bajo control de la autoridad escolar, sujeto a su eximente legal.
Si la conducta comenzó fuera de la escuela, eso exige distinguir la creación del contenido de la eventual continuidad del hostigamiento en el ámbito escolar. La institución debe dar respuesta a denuncias de violencia, evaluar medidas de protección y observar sus deberes legales, sin sancionar arbitrariamente ni exponer a estudiantes.
Cómo reclamar y preservar la prueba sin agravar el daño
Las familias pueden denunciar ante directivos por medios documentables, exigir medidas de protección, consultar a organismos especializados y promover medidas urgentes de cese o retiro de contenidos. Para reclamar daños deben acreditarse la afectación y los presupuestos de responsabilidad.
Conviene conservar identificadores de cuentas, enlaces, fechas y capturas de mensajes sin reenviar ni almacenar innecesariamente imágenes sexualizadas de menores. La distribución del material para demostrar el caso puede agravar la lesión; es preferible acudir a autoridades y profesionales especializados.
¿Puede existir responsabilidad penal?
Depende de los elementos típicos concretos: amenazas, extorsión, violación de privacidad u otros delitos no surgen automáticamente por utilizar IA. Si hay representaciones sexuales de menores, el contenido y el artículo 128 del Código Penal requieren examen particularmente cuidadoso.
También se debe considerar la edad de los presuntos autores al momento del hecho y el régimen penal juvenil aplicable. La Ley 27.801 rige desde 2026 para adolescentes desde los 14 años, con límites y garantías específicas; su aplicación temporal no puede ser retroactiva en perjuicio del imputado.
Qué no puede asegurarse antes de investigar
No puede darse por probado que todos los estudiantes denunciados participaron, que toda imagen falsa constituye un delito ni que cada padre o el colegio responderán automáticamente. La responsabilidad civil, escolar y penal obedece a condiciones diferentes.
La prioridad práctica es proteger a las víctimas, cortar la circulación, documentar de manera segura y evitar nuevas situaciones de exposición. La respuesta jurídica debe ser firme, proporcionada y respetuosa de los derechos de todos los menores involucrados.
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El presente artículo tiene finalidad exclusivamente informativa y no constituye asesoramiento jurídico particular. La aplicación de la normativa y de los criterios expuestos requiere el análisis individualizado de los hechos, la documentación, los antecedentes y las circunstancias concretas del caso, así como de la legislación vigente.
Fuentes: TN, 16/10/2026 · TN, 16/10/2026