Una persona extranjera puede participar en sociedades argentinas, pero deben revisarse documentación, CUIT/CDI cuando corresponda, poderes y requisitos registrales, especialmente si es una sociedad extranjera la que participa.
El objeto social define el marco de actividades previstas y debe redactarse con precisión suficiente sin bloquear el crecimiento. Las exigencias registrales pueden variar por jurisdicción y se actualizan con frecuencia.
El estatuto no siempre alcanza para regular conflictos sensibles. Un acuerdo de socios puede ordenar voto, salida, venta de participaciones, confidencialidad, no competencia y mecanismos de resolución de bloqueos.
SRL y SA limitan responsabilidad en términos societarios, pero tienen diferencias relevantes en gobierno, transferencia de participaciones, formalidades y proyección.
La cantidad mínima y máxima de socios depende del tipo. Además de contar personas, hay que analizar si la estructura refleja realmente quién aporta, decide y asume funciones.
La SA tiene un capital mínimo legal fijado reglamentariamente; desde el Decreto 209/2024 es de $30.000.000, sujeto a futuras actualizaciones.
La SRL se administra mediante uno o más gerentes; la SA mediante directorio. Las responsabilidades, duración de cargos y funcionamiento no son idénticos y deben coordinarse con el estatuto.
Las cuotas de SRL y las acciones de SA se transfieren bajo regímenes distintos. Restricciones estatutarias, derechos de preferencia y formalidades registrales pueden cambiar el resultado de una venta.
Una sociedad 50/50 puede quedar paralizada si los socios no prevén mecanismos de desempate o salida. El problema se previene en el contrato social y, muchas veces, en un acuerdo de socios complementario.
Las sociedades familiares pueden ordenar activos y negocios, pero conviene separar vínculos afectivos de reglas empresariales. Sucesión, divorcio, incapacidad o conflicto familiar deben estar contemplados.
