Cuando se mezclan fondos propios y gananciales puede existir un derecho de recompensa al liquidar la comunidad. El análisis exige rastrear el origen del dinero y qué patrimonio soportó el gasto o recibió el beneficio.
La titularidad registral es importante, pero no siempre define por sí sola el carácter propio o ganancial. Para clasificar un bien hay que reconstruir fecha, origen de fondos, régimen matrimonial y documentación.
El divorcio no disuelve automáticamente una sociedad comercial. Deben separarse dos planos: la titularidad y valor económico de las participaciones y, por otro lado, el funcionamiento societario conforme la Ley General de Sociedades.
El divorcio no disuelve automáticamente una sociedad comercial. Deben separarse dos planos: la titularidad y valor económico de las participaciones y, por otro lado, el funcionamiento societario conforme la Ley General de Sociedades.
Cuando existe riesgo de ocultamiento o disposición patrimonial, el problema no se resuelve con sospechas: hay que identificar bienes, documentar movimientos y evaluar medidas de información o cautelares proporcionadas.
Cuando existe riesgo de ocultamiento o disposición patrimonial, el problema no se resuelve con sospechas: hay que identificar bienes, documentar movimientos y evaluar medidas de información o cautelares proporcionadas.
No toda deuda tomada por uno de los cónyuges se traslada automáticamente al otro. Hay que distinguir quién contrajo la obligación, para qué se utilizó, cuándo nació y cómo incide en la liquidación del régimen patrimonial.
La propiedad del inmueble y el derecho a usarlo durante la separación son cuestiones distintas. Cambiar cerraduras, ingresar por la fuerza o excluir unilateralmente al otro puede generar nuevos conflictos y debe evaluarse antes de actuar.
La propiedad del inmueble y el derecho a usarlo durante la separación son cuestiones distintas. Cambiar cerraduras, ingresar por la fuerza o excluir unilateralmente al otro puede generar nuevos conflictos y debe evaluarse antes de actuar.
El Código no tiene un régimen de ‘tenencia’ de mascotas equivalente al de los hijos. En la práctica, los acuerdos pueden ordenar convivencia, gastos y contacto, mientras que un conflicto exige analizar propiedad, cuidado efectivo y bienestar del animal.
